Por Sin Reservas
La abogada Coralia Martínez, fue contratada por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), para realizar una investigación sobre un fraude que afectaba los ingresos de la institución.
La situación, que involucra a Gonzalo Castillo, como ministro de Obras Públicas, al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y al Codia, consiste en aprobar proyectos de bajo costo, que están exento de impuestos, pero que tras su aprobación procedían a construir proyectos de lujos, hasta en sectores tan exclusivos, como Naco y Bávaro.
Hay que resaltar que las viviendas de bajo costo es uno de los pilares del gobierno de Danilo Medina.
Estos incluyen torres de lujo, complejos residenciales de lujo con piscinas, gimnasios y parques de hasta 147 mil m2, plazas comerciales, con inversiones de hasta 1,000 millones de pesos en un solo proyecto. También involucra proyectos promovidos por el gobierno, como como los de Ciudad Juan Bosch.
Tras Martínez, realizar las investigaciones y detectar las anomalías, el Codia, procedió a denunciar públicamente las violaciones de la Ley de Fideicomiso, y la apoderó para actuar en su nombre y proceder a cobrar a dichos proyectos, por lo que esta sometió y ganó causas contra Obras Públicas.
Denuncia del Codia
Empresas del sector privado dedicadas a la construcción de viviendas de bajos costos y a la inversión inmobiliaria que se desarrollan mediante las modalidades de Fideicomisos, en componenda con instituciones públicas, realizan acciones irregulares en detrimento económico del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), los Ayuntamientos y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La denuncia fue hecha por el arquitecto Guarionex Gómez, presidente del Codia, quien dijo que el gremio, en su calidad de asesor del Estado en materia de construcción, está obligado a revelar esa lacerante situación que afecta a la sociedad en general.
Agregó esas maniobras violatorias a las leyes y decretos están amparadas, precisamente por organismos públicos cuya función es la de expedir los permisos y licencias de construcción a nivel nacional, quienes están aprovechando esa condición para abusar de su poder y, con ello, perjudicar en términos económicos al Codia, las Alcaldías y a la (DGII).
Aseguró que mediante una premeditada y mala fe de interpretación de la Ley 189-11 se están evadiendo los pagos de impuestos, arbitrios y las Tasas Profesionales correspondientes.
El Codia desde su fundación ha participado en el otorgamiento de estos permisos y licencias por lo que ha podido detectar situaciones anómalas en el proceso de otorgamientos de permisos y licencias, así como también la evasión de los cumplimientos económicos que por ley le corresponden a las instituciones citadas, dijo.
Gómez, indicó que en ese sentido, se remitió una comunicación al Ministerio de Obras Publicas, el 10 de septiembre del año en curso, recibiendo una muda respuesta, por lo que: «procedimos mediante acto de alguacil en fecha 26 de Octubre a solicitar nueva vez que nos expliquen la situación con los ingenieros y constructoras que desarrollan dichos proyectos bajo esas modalidades de Fideicomisos y que han sido beneficiados con actos antijurídicos de exoneración de la tasa profesional del Codia , y arbitrios».
Las aseveraciones del presidente del Codia se produjeron durante una rueda de prensa que ofreció acompañado de los miembros de la junta directiva del gremio en el marco de la Tercera Asamblea de Representantes realizada el pasado fin de semana en San Cristóbal.
Es de valor precisar, el arquitecto Gómez, que estas exoneraciones les han permitido a algunas constructoras disfrazar su modalidad a Fideicomisos de bajo costo, cuando la realidad es que estas plazas comerciales son suntuosos proyectos que violan la Ley 189-11.
El Codia ha realizado un levantamiento con más de 300 proyectos que se construyen sin cumplir con el debido proceso de permisología y que en muchos casos se terminan y se venden sin cumplir con las leyes y normas establecidas en República Dominicana, por lo que, en este sentido, emplazamos a los que de manera irregular y en violación a las leyes construyen haciendo un uso incorrecto de la ley 189-11.
Señaló que el gremio tiene un levantamiento con nombres de proyectos y sus responsables y, está procediendo a comunicar a todos los ¨Entes Participantes¨ (MOPC, INVI, y DGII) con el objetivo de esclarecer esta problemática y, sobre todo, desarrollar mecanismos de apoyo de manera conjunta, con miras a lograr que no se sigan cometiendo estas actuaciones de evasiones fiscales de toda naturaleza que a su vez rayan en faltas a la ética.
Adelantó que el Codia a través de su consultoría jurídica procederá por la vía judicial contra aquellas personas físicas y morales que quieren hacer riquezas en detrimento de la sociedad y con prácticas ilícitas.
Es oportuno expresar que en la actualidad el colegio tiene un inventario de proyectos con nombres de Ministerios y Direcciones Generales que construyen obras de ingeniería sin cumplir con la entrega de los valores retenidos con la aplicación del decreto 319-98, y eso es inaceptable, puntualizó Con el interés de corregir esa anomalía el Codia actuará con los instrumentos que establecen las leyes, actuando en contra de las instituciones y de los titulares de las mismas que persistan en esa práctica de violaciones vergonzosas.
Debido a esa denuncia del Codia, Gonzalo Castillo, se reunió con el presidente del Codia, y cáspita al salir de esa reunión el Codia, le dijo a la abogada que detuviera las investigaciones, y a la vez empezaron a desacreditarla públicamente diciendo que se estaba inventando cosas.
Es sumamente alarmente que tras la reunión de Guarionex Gómez, presidente del Codia, con el exministro de Obras Públicas y candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gónzalo Castillo, el Codia cambiara radicalmente de posición, atacando a la abogada que ellos contrataron, y parando la investigación repentinamente.
La abogada le está cobrando al Codia sus honorarios por sometimientos que hizo a Obras Públicas, y este se niega a pagarle, utilizando su influencia y poder en procesos legales.
Coralia Martínez, denuncia que está siendo víctima del poder por haber descubierto el desfalco y que el procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, archiva sus querellas, por lo que puso una denuncia por ante la Cámara de Cuentas.
Informó que la Dirección General de Impuestos Intenos (DGII), valida los datos revelados y obtenidos por ella, ya que a través de informes dicha entidad establece que de 300 proyectos de viviendas de bajo costo, habían 235 que no lo eran, razón por la cual procedieron a cobrarle los impuestos.
Asegura que este caso podría ser más grande que el de Odebrecht a nivel económico, ya que son pocos los proyectos que se han investigado, y suman un monto de «más de mil millones». Hay que recordar que las viviendas de bajo costo son uno de los «pilares» del gobierno de Danilo Medina.
Como han podido enterarse, la abogada fue contratada por el Codia, debido a que dicha institución veía que habían proyectos que Obras Públicas y el INVI decían que eran de bajo costo, pero que no lo son. El Codia la apoderó para actuar en su nombre y proceder a cobrarles dichos proyectos, y en base a investigaciones realizadas por la abogada, el Codia denunció públicamente violaciones de la ley de fideiscomiso. Apoderada por el Codia la abogada sometió y ganó causas contra Obras Públicas.
